25N 2025 Día contra la violencia hacia las mujeres
Instar al Gobierno de España a desarrollar una Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos, que contenga medidas e itinerarios claros y eficaces que permitan a las mujeres víctimas de prostitución salir de su situación, medidas reales que no estigmaticen a las víctimas y ayuden a combatir la mayor esclavitud del siglo XXI.
Instar a la Junta de Andalucía a impulsar, junto con el ayuntamiento, Planes de Igualdad con suficientes recursos humanos y materiales.
Instar al Gobierno autonómico a elaborar protocolos para una atención a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con diversidad funcional.
Instar al Gobierno autónomomico a garantizar una atención sanitaria sin estigma, para que las puedan acceder a un aborto seguro y gratuito.
Instar al Gobierno de España y al autonómico a implementar ordenanzas y todas las medidas legales necesarias para el alejamiento de las personas y entidades anti-aborto que acosan a las mujeres y a las y los profesionales en las clínicas.
Que haya por parte del Equipo de Gobierno una formación clara y aplicación de las guías de los usos de los fondos del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, trabajando para mancomunar todos los medios tanto de personal como de materiales para garantizar buenas prácticas en el uso de los fondos.
Francisco José Enríquez Llagas, portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos con Coín, del Ayuntamiento de Coín, expone a la Corporación la siguiente moción para tratar en el Pleno Ordinario de octubre de 2025 por vía ordinaria.
Vídeo del desarrollo del punto en el Pleno
Resultado de la votación en Pleno
Se rechaza, con los votos en contra de las concejalas y concejales de VOX y PP y los votos favorables de Unidas Podemos con Coín, AxSí y PSOE.
Exposición de motivos
2025 ha sido un año marcado por el genocidio del Gobierno de Israel contra el pueblo Palestino, donde más del 70% de las victimas son mujeres y niñas/os, aumentando la tasa de mortalidad de las mujeres y reduciendo la esperanza de vida por falta de acceso mínimo a los servicios sanitarios; acciones sistemáticamente calculadas, que violan las resoluciones de la ONU y representan crímenes contra la humanidad.
Un aumento de la extrema derecha, que pretende institucionalizar el negacionismo de la violencia hacia las mujeres volviendo a la idea de la subordinación de éstas a los hombres y promoviendo la violencia de género.
La violencia machista, violencia que va más allá de la violencia de género dentro de la pareja o expareja, aborda todas las violencias que se ejercen sobre las mujeres por el hecho de serlo. Violencia sexual, psicológica, económica, institucional….
En nuestro país 1.324 mujeres han sido asesinadas por violencia de género desde 2003 año en que comienza a contabilizarse los asesinatos machistas; 29 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año, el número de menores huérfanos/as asciende a 485 desde 2013 año en que empezaron a contabilizarse, y 65 los menores asesinados por violencia vicaría desde 2013.
En España hay 104.981 mujeres víctimas de violencia de género que viven con protección policial un 5,3% más que hace un año. 1349 de ellas son menores de edad, un 10,2% más que en 2024; 2.469 son mayores de 65 años, un 6,2% más que el año pasado, y 54.163 de las mujeres bajo protección tienen menores a su cargo.
La violencia machista no es un problema privado, es un problema estructural, una violación de los derechos humanos. Requiere en primer lugar, de una política fuerte que ponga freno a la violencia, reconozca los derechos de las víctimas y se traduzca en recursos.
La violencia de género institucional está reconocida por la Asamblea General de Naciones Unidas desde 1993 y también por el Convenio de Estambul. La falta de credibilidad de las mujeres frente a los hombres es una de las formas de violencia de género judicial. La violencia que sufren las mujeres en su condición de madres, tratando de proteger a sus hijas e hijos, en contexto de procesos judiciales por violencia machista y se han encontrado desprotegidas por la aplicación del falso síndrome de alienación parental (SAP).
En nuestro país existe normativa que reconoce la violencia institucional machista, no existe una sola ley, sino que se deriva de la interpretación conjunta de diversas normativas:
La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre.
La Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre.
La Estrategia Estatal para Combatir las Violencias Machistas 2022-2025, que recoge la responsabilidad del Estado en la erradicación de las violencias machistas, reconoce las violencias institucionales machistas y las incluye en la Estrategia.
La violencia en la infancia y adolescencia es un problema estructural que requiere una respuesta política y social. Cuatro de cada diez jóvenes declaran haber sufrido violencia física durante su niñez, pubertad o ambas. Niñas y mujeres adolescentes, personas LGTBIQ, migrantes, o aquellas con un grado de discapacidad son quienes más la sufren.
En nuestro país las mujeres tienen reconocidos los derechos sexuales y reproductivos, pero al día de hoy miles son las mujeres que no pueden ejercer el derecho al aborto en el Sistema Público. Se siguen derivando a centros concertados, la ley orgánica 20/2022 establece la prestación del servicio en hospitales o centros de proximidad y al día de hoy se siguen derivando a centros fuera de la provincia o de la comunidad autónoma de residencia de las mujeres. La batalla anti derechos de las mujeres se extiende por parte de las comunidades autónomas al impedir o dificultar el ejercicio del IVE. Ocho comunidades autónomas incumplen la ley al obstaculizar la atención gratuita a mujeres migrantes, el derecho que recoge la ley es para todas las mujeres independientemente de su situación administrativa. Siguen existiendo comunidades autónomas que no han creado el Registro de Objetores, impidiendo en la práctica una planificación de la IVE en la sanidad pública.
Estamos viviendo un colapso de los servicios jurídicos, sociales, y sanitarios, el plan de privatización de los servicios sanitarios, sociales y de cuidados, provoca desprotección y muertes como vimos con la atención en las Residencias de la Comunidad de Madrid por parte de Ayuso y recientemente con el cribado de cáncer de mama en Andalucía por parte de Moreno Bonilla. Solo lo público salva vidas, no deberíamos permitir una privatización más, revertir a lo público lo privatizado para garantizar los derechos de las mujeres.
Por todos los motivos expuestos, proponemos a la aprobación del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Coín
Instar al Gobierno de España a desarrollar una Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos, que contenga medidas e itinerarios claros y eficaces que permitan a las mujeres víctimas de prostitución salir de su situación, medidas reales que no estigmaticen a las víctimas y ayuden a combatir la mayor esclavitud del siglo XXI.
Instar a la Junta de Andalucía a impulsar, junto con el ayuntamiento, Planes de Igualdad con suficientes recursos humanos y materiales.
Instar al Gobierno autonómico a elaborar protocolos para una atención a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con diversidad funcional.
Instar al Gobierno autónomomico a garantizar una atención sanitaria sin estigma, para que las puedan acceder a un aborto seguro y gratuito.
Instar al Gobierno de España y al autonómico a implementar ordenanzas y todas las medidas legales necesarias para el alejamiento de las personas y entidades anti-aborto que acosan a las mujeres y a las y los profesionales en las clínicas.
Que haya por parte del Equipo de Gobierno una formación clara y aplicación de las guías de los usos de los fondos del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, trabajando para mancomunar todos los medios tanto de personal como de materiales para garantizar buenas prácticas en el uso de los fondos.
En Coín, a 18 de octubre de 2025
Fdo.: Francisco José Enríquez Llagas Portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos con Coín
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Unidas Podemos con Coín 
Francisco José Enríquez Llagas, portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos con Coín, del Ayuntamiento de Coín, expone a la Corporación la siguiente moción para tratar en el Pleno Ordinario de octubre de 2025 por vía ordinaria.
Resultado de la votación en Pleno
Se rechaza, con los votos en contra de las concejalas y concejales de VOX y PP y los votos favorables de Unidas Podemos con Coín, AxSí y PSOE.
Exposición de motivos
2025 ha sido un año marcado por el genocidio del Gobierno de Israel contra el pueblo Palestino, donde más del 70% de las victimas son mujeres y niñas/os, aumentando la tasa de mortalidad de las mujeres y reduciendo la esperanza de vida por falta de acceso mínimo a los servicios sanitarios; acciones sistemáticamente calculadas, que violan las resoluciones de la ONU y representan crímenes contra la humanidad.
Un aumento de la extrema derecha, que pretende institucionalizar el negacionismo de la violencia hacia las mujeres volviendo a la idea de la subordinación de éstas a los hombres y promoviendo la violencia de género.
La violencia machista, violencia que va más allá de la violencia de género dentro de la pareja o expareja, aborda todas las violencias que se ejercen sobre las mujeres por el hecho de serlo. Violencia sexual, psicológica, económica, institucional….
En nuestro país 1.324 mujeres han sido asesinadas por violencia de género desde 2003 año en que comienza a contabilizarse los asesinatos machistas; 29 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año, el número de menores huérfanos/as asciende a 485 desde 2013 año en que empezaron a contabilizarse, y 65 los menores asesinados por violencia vicaría desde 2013.
En España hay 104.981 mujeres víctimas de violencia de género que viven con protección policial un 5,3% más que hace un año. 1349 de ellas son menores de edad, un 10,2% más que en 2024; 2.469 son mayores de 65 años, un 6,2% más que el año pasado, y 54.163 de las mujeres bajo protección tienen menores a su cargo.
La violencia machista no es un problema privado, es un problema estructural, una violación de los derechos humanos. Requiere en primer lugar, de una política fuerte que ponga freno a la violencia, reconozca los derechos de las víctimas y se traduzca en recursos.
La violencia de género institucional está reconocida por la Asamblea General de Naciones Unidas desde 1993 y también por el Convenio de Estambul. La falta de credibilidad de las mujeres frente a los hombres es una de las formas de violencia de género judicial. La violencia que sufren las mujeres en su condición de madres, tratando de proteger a sus hijas e hijos, en contexto de procesos judiciales por violencia machista y se han encontrado desprotegidas por la aplicación del falso síndrome de alienación parental (SAP).
En nuestro país existe normativa que reconoce la violencia institucional machista, no existe una sola ley, sino que se deriva de la interpretación conjunta de diversas normativas:
La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre.
La Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre.
La Estrategia Estatal para Combatir las Violencias Machistas 2022-2025, que recoge la responsabilidad del Estado en la erradicación de las violencias machistas, reconoce las violencias institucionales machistas y las incluye en la Estrategia.
La violencia en la infancia y adolescencia es un problema estructural que requiere una respuesta política y social. Cuatro de cada diez jóvenes declaran haber sufrido violencia física durante su niñez, pubertad o ambas. Niñas y mujeres adolescentes, personas LGTBIQ, migrantes, o aquellas con un grado de discapacidad son quienes más la sufren.
En nuestro país las mujeres tienen reconocidos los derechos sexuales y reproductivos, pero al día de hoy miles son las mujeres que no pueden ejercer el derecho al aborto en el Sistema Público. Se siguen derivando a centros concertados, la ley orgánica 20/2022 establece la prestación del servicio en hospitales o centros de proximidad y al día de hoy se siguen derivando a centros fuera de la provincia o de la comunidad autónoma de residencia de las mujeres. La batalla anti derechos de las mujeres se extiende por parte de las comunidades autónomas al impedir o dificultar el ejercicio del IVE. Ocho comunidades autónomas incumplen la ley al obstaculizar la atención gratuita a mujeres migrantes, el derecho que recoge la ley es para todas las mujeres independientemente de su situación administrativa. Siguen existiendo comunidades autónomas que no han creado el Registro de Objetores, impidiendo en la práctica una planificación de la IVE en la sanidad pública.
Estamos viviendo un colapso de los servicios jurídicos, sociales, y sanitarios, el plan de privatización de los servicios sanitarios, sociales y de cuidados, provoca desprotección y muertes como vimos con la atención en las Residencias de la Comunidad de Madrid por parte de Ayuso y recientemente con el cribado de cáncer de mama en Andalucía por parte de Moreno Bonilla. Solo lo público salva vidas, no deberíamos permitir una privatización más, revertir a lo público lo privatizado para garantizar los derechos de las mujeres.
Por todos los motivos expuestos, proponemos a la aprobación del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Coín
En Coín, a 18 de octubre de 2025
Fdo.: Francisco José Enríquez Llagas
Portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos con Coín
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