Moción sobre la implementación de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia y la necesidad de más personal para la figura del Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección en centros educativos.
Micaela Guzmán Bernal como portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos del Ayuntamiento de Coín expone a la Corporación la siguiente moción para tratar en el Pleno Ordinario de octubre de 2022 por vía ordinaria.
Exposición de motivos
Son numerosos los informes que desde distintas instituciones y organizaciones llevan tiempo advirtiendo del grave problema de la violencia y el acoso escolar presente en los centros educativos de nuestro país. Por ejemplo, la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras reportó más de 11.000 casos graves de bullying entre enero de 2020 y septiembre de 2021, colocando a España entre los países con más alto nivel de casos de acoso escolar, y el VI Informe de Prevención del Acoso Escolar en Centros Educativos publicado por las fundaciones Mutua Madrileña y ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo) afirma que aproximadamente 1 de cada 4 alumnos/as percibe la existencia de acoso en su aula.
La lucha contra la violencia en la infancia es un imperativo de derechos humanos y, por tanto, tal y como se reconoce el artículo 39 de la Constitución Española y en diversos tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, la protección de la infancia es un deber inalienable para las instituciones publicas a todos los niveles.
Recientemente, gracias al impulso del Ministerio de Derechos Sociales, ha sido aprobada la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), cuyo objetivo es combatir la violencia sobre la infancia y la adolescencia desde una perspectiva integral y dando una respuesta extensa al carácter multidimensional de sus factores de riesgo y sus consecuencias. Esta ley constituye una ambiciosa apuesta para hacer frente, de una vez por todas, a la lacra que la violencia y el acoso escolar suponen para la sociedad española.
Entre otras muchas medidas, esta ley recoge la obligación de que todos los centros educativos, independientemente de su titularidad, cuenten con un Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección, que deba asumir numerosas funciones relativas a la prevención, detección y protección de los y las menores frente a todo tipo de situaciones de violencia. Dada la enorme importancia capital de la tarea a realizar por esta nueva figura del Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección y la consecuente carga de trabajo que la asunción de estas tareas conlleva, resulta obvio que, como solicitan los sindicatos, este papel sea desempeñado por nuevos profesionales que se incorporen a jornada completa a los centros educativos. Sin embargo, la LOPIVI deja en manos de las comunidades autónomas la decisión sobre si estas funciones serán desempeñadas por personal ya existente o por nuevo personal.
Por desgracia, varias Comunidades Autónomas están infravalorando la urgente necesidad de actuar decididamente frente a la violencia y el acoso escolar y están tratando de implementar a coste cero la nueva ley de protección de la infancia. Este es el caso de Andalucía, donde nos encontramos la surrealista contradicción de que, mientras el actual gobierno autonómico anuncio supresión de impuestos a las minorías más privilegiadas, se niega a dotar del presupuesto necesario a la implementación de la nueva ley. Esto queda de manifiesto en el hecho de que, en las Instrucciones de 1 de julio de 2022, de la Dirección General de atención a la diversidad, participación y convivencia escolar relativa a la coordinación de bienestar y protección de la infancia y adolescencia en los centros docentes públicos de Andalucía, estipula que la coordinación de bienestar y protección de la infancia será asumida por quien ya ostente la coordinación del Plan de convivencia o, en su defecto, por otra figura del Claustro de profesorado.
De esta forma, al negar la incorporación de nuevos profesionales a los centros educativos públicos que desarrollen el papel de Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección, la Junta de Andalucía está provocando un múltiple perjuicio a nuestro municipio. Por una parte, esta menoscabando los esfuerzos que desde el Gobierno se están llevando a cabo para hacer frente al grave problema de la violencia en la infancia. Por otra parte, se está dejando de invertir unos recursos que generarían directamente numerosos empleos cualificados y de calidad en Coín, permitiendo así que los jóvenes de nuestro municipio mejorasen sus oportunidades de acceder a un empleo digno en nuestro pueblo. Finalmente, al verse obligados los y las docentes de los centros educativos a asumir estas nuevas funciones, estos verán comprometida su capacidad para desempeñar correctamente la importantísima labor del Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección, o bien, repercutirá negativamente en sus actuales labores docentes.
Por todos los motivos expuestos, proponemos a la aprobación del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Coín
- Instar a la Junta de Andalucía a que dote la implementación de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia de los suficientes recursos económicos para su correcto desarrollo.
- Instar a la Junta de Andalucía a que rectifique sus actuales instrucciones sobre la figura del Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección, recogida en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, incorporando nuevos profesionales a los centros educativos que asuman las tareas y funciones correspondientes a dicha figura.
En Coín a 17 de octubre de 2022
Fdo.: Micaela Guzmán Bernal
Portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos por Coín
Unidas Podemos por Coín 