Energía, energía, energía …
En este Pleno presentamos dos mociones relacionadas con la energía. La primera de ellas es la petición de que el pleno del Ayuntamiento de Coín inste al Gobierno de España a declarar la salida del Tratado de la Carta de la Energía. Como verán, este tratado, que es incompatible con las medidas para frenar el cambio climático, nos colocan, como Estado, en una situación delicada y vulnerable frente a demandas de grandes empresas energéticas.
La segunda moción que presentamos ya se aplica en muchos Ayuntamientos. Se trata de implantar bonificaciones en el IBI e ICIO para las instalaciones residenciales de autoconsumo fotovoltaico.
Salida de España de la Carta de la Energía
En el Pleno de esta semana llevamos una moción para instar al Gobierno Central a que tramite la salida de España del Tratado de la Carta de la Energía.
Para que la ciudadanía sepa en que consiste y qué se pide:
- España lo ratificó en 1994, junto con a 52 países, de espalda a la ciudadanía, sin debate ni consulta pública. Razón por la que probablemente la ciudadanía desconoce que España está dentro de dicho tratado.
- Solo protege a los inversores y no a los estados ni a la ciudadanía: Si hay algún conflicto entre un inversor y un gobierno, se soluciona a través de un sistema paralelo de justicia: los tribunales de arbitraje privados. Los conflictos siempre son por lo mismo: el inversor afirma que los cambios legislativos de un gobierno han ido en contra de sus beneficios económicos presentes o futuros.
- las sentencias de los tribunales de arbitraje) pueden reclamar sumas astronómicas a los Estados para indemnizar a las multinacionales.
- El Estado español es el país que más demandas acumula bajo el TCE: 47 en total. Ya ha sido condenada a pagar 1.036 millones a inversores extranjeros. 40 demandas han sido presentadas por un fondo de capital u otro tipo de inversor financiero con vínculos con los sectores del carbón, el petróleo, el gas y la energía nuclear.
- Si el Gobierno de España decide pagar 1.036 millones de euros a las multinacionales por el TCE, una posible vía de financiación es incrementar la factura de la luz de la ciudadanía. Algo similar se intentó con el fallido Proyecto Castor por el que el Gobierno de Rajoy intentó rescatar a las empresas incrementando el coste de la factura del gas. Fue la acción y la movilización ciudadana #NoEnMiFactura la que consiguió paralizar esta medida.
- las medidas extraordinarias adoptadas por la emergencia del COVID 19 como alargar el bono social y prohibir el corte de los suministros, o la implementación de futuras políticas, como pretende la Ley de Cambio Climático y Transición Justa, pueden dar lugar a importantes demandas bajo el TCE, lo que iría en contra de la agenda 2030 sobre la pobreza energética.
- En una situación de emergencia climática y ambiental sin precedentes, el TCE es uno de los grandes obstáculos para luchar contra el cambio climático e impulsar una transición energética justa hacia un futuro libre de petróleo, carbón, gas y nuclear. Ya están utilizando el TCE para demandar a los Estados que deciden poner fin a las centrales de carbón, a las exploraciones petrolíferas, o a las infraestructuras nucleares. El TCE también podría obstaculizar el impulso de las energías renovables.
- Una simple amenaza de demanda puede tener un efecto disuasorio en los gobiernos. Incluso la perspectiva de una posible acción legal sirve para presionar y rebajar los objetivos de políticas climáticas o para que no se implementen importantes medidas. Así evitan la llegada de una demanda y el pago de miles de millones de euros. Nunca podremos saber cuántas leyes imprescindibles para la ciudadanía no vieron la luz como consecuencia de este Tratado.
- A diferencia de otros tratados de inversión abandonar el TCE es un proceso relativamente fácil. Es una cuestión de voluntad política. La salida de España del TCE requeriría su aprobación en las Cortes, es decir, la mitad más uno del total de los 350 diputados y diputadas deberían votar a favor de esta propuesta.
Bonificaciones en el IBI e ICIO para las instalaciones residenciales de autoconsumo fotovoltaico
Ya en dos ocasiones, anteriormente, hemos presentado iniciativas contra la implantación masiva de mega plantas solares en nuestro pueblo. En esta ocasión abordamos la cuestión planteando el autoconsumo como principal alternativa es decir generando electricidad en nuestros propios tejados y que el ayuntamiento fomente estas instalaciones con una bonificación en el IBI y en la licencia de obras.
Nuestro país ha ratificado distintas directivas europeas que obligan a los países a que el ciudadano tenga la posibilidad de ser parte activa, generando su propia electricidad para autoconsumirla o incorporarla a la red eléctrica, almacenándola y controlando cuánto consume y cuándo lo consume. A raíz de esto, desde 2018 se desarrolla un marco normativo para regular las instalaciones de autoconsumo, y fomentar esta forma de generación bien de forma individual o colectiva, y también la compensación de excedentes.
Desde entonces se han creado varios programas de ayudas del estado, como las aprobadas en Junio de este año y que se canalizan a través de las distintas comunidades autónomas. A nivel andaluz, este mes pasado la Agencia Andaluza de la Energía, ha desarrollado la convocatoria para ejecutar los programas de ayudas a los que hemos hecho referencia.
Nuestra moción plantea que el Ayuntamiento de Coín sea también un elemento activo tal y como se plantea en la “Guía para el fomento del autoconsumo en los municipios andaluces” elaborado por la Agencia Andaluza de la Energía en mayo de 2020.
En concreto pedimos que se desarrolle la posibilidad que tienen los ayuntamientos de bonificar fiscalmente Impuesto de Bienes Inmuebles y también el Construcciones y Obras. Muchos municipios a nuestro alrededor Ronda, Velez Málaga, Rincon Victoria o Torremolinos ya lo están haciendo.
Planteamos que los equipos técnicos del ayuntamiento estudien qué porcentaje se podría bonificar y el tiempo de duración, entre otras cosas y que planteen una propuesta y se traiga para su debate y aprobación en el pleno. También pedimos que se estudie una tramitación simplificada para estas instalaciones con un formulario tipo.
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