Medidas concretas para establecer un sistema tarifario eléctrico social y ecológicamente justo

Micaela Guzmán Bernal como portavoz del Grupo Municipal Adelante Coín del Ayuntamiento de Coín expone a la Corporación la siguiente moción para tratar en el Pleno Ordinario de julio de 2021 por vía ordinaria.

Exposición de motivos

El sistema eléctrico español ha sido reiteradamente modificado y privatizado para dar cobijo a las demandas de las compañías del sector, en detrimento de un sistema tarifario socialmente justo y no sometido a los vaivenes del mercado.

Diferentes decisiones de sucesivos gobiernos han hecho del sistema tarifario español uno de los más socialmente injustos de la UE.

La nueva estructura tarifaria, que ha sido foco de numerosos debates, tenía que haber entrado en vigor el pasado mes de noviembre de 2020, sin embargo, se pospuso al 1 de abril de 2021 y finalmente fue implantada el pasado 1 de junio de este año. Este cambio tarifario, tiene evidentemente afectación también en las tarifas de PYMES e industrias, donde como es lógico, los costes energéticos son un elemento importante para su actividad, lo cual cobra especial relevancia en un contexto de crisis económica.

Los peajes de acceso han sido la principal fuente de ingresos del sistema eléctrico, a través de la cual se cubren los costes reconocidos del sistema, entre los que se encuentran las redes de transporte y distribución, las primas de las renovables “históricas”, el déficit de tarifa de años anteriores, etc.. Todos estos costes reconocidos del sistema se prevén cada año por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y en base a ello establecía la Orden de Peajes que se aprobaba a finales del año anterior fijando la cuantía de estos peajes con el fin de que cubriesen los costes del sistema y de este modo el sistema eléctrico no incurriera en desequilibrios que conllevasen un nuevo déficit de tarifa.

Los peajes de acceso llevaban congelados varios años.

La Comisión Europea desde hacía años llevaba avisando a España de que su estructura tarifaria no era equiparable a la del resto de Estados Miembros.

El Gobierno del PP durante las legislaturas de M. Rajoy para solventar los problemas con Bruselas introdujo conceptualmente esta nueva estructura tarifaria en la Ley del Sector Eléctrico, sin embargo, no realizó ni tan siquiera el amago de elaborar la normativa de desarrollo que hiciese efectivo ese cambio. Es más, estaba inmerso en otro conflicto con Bruselas a cuento de quién era el responsable de definir esa nueva estructura tarifaria. Este contencioso no se soluciona hasta enero de 2019 (ya con el PSOE en el Gobierno).

En 2013-2014, el sistema eléctrico acumulaba un enorme déficit de tarifa y el Gobierno del PP realizó una serie de cambios en el sector para (1) reducir los costes del sistema y (2) aumentar los ingresos del mismo. Pasando por alto el tema de cómo redujo el PP los costes del sistema, lo que si viene ahora a colación es cómo aumentó los ingresos. Aparte de con nuevas figuras impositivas (que ahora proponen eliminar) se llevó a cabo un ajuste en los peajes de acceso, que consistió en: (a) subirlos, (b) alterando la proporción fijo/variable que existía hasta entonces, dándole más peso a la parte fija frente a la variable (lo que tenía un efecto perverso para el ahorro y la eficiencia energética, ya que aunque un consumidor consumiera poco seguía pagando mucho en la factura).

Efectivamente, el actual cambio de estructura tarifaria da más peso a la componente variable, pero NO ES “incremental en función de la energía consumida, de forma que el coste a pagar por las personas consumidoras por los primeros kWh sea inferior a los siguientes” tal como fija el Acuerdo de Gobierno de Coalición.

Para mantener una situación similar a la actual o en la que se pueda disfrutar de un mínimo ahorro económico, el consumidor tiene que realizar:

  • Una comprensión de la nueva estructura tarifaria, lo cual se antoja en el corto plazo inviable, toda vez que está comprobado que ni siquiera la anterior estructura tarifaria era comprensible para la inmensa mayoría de las personas consumidoras y mucho menos aún para los colectivos vulnerables. Y ahora se complejiza con nuevos periodos horarios.
  • Un cambio notable y sustancial en sus hábitos de consumo diarios, trasladando los consumos principales de su vida cotidiana, como puede ser cocinar, poner la lavadora, el lavavajillas, el horno o la plancha en horas llana o valle, lo cual también se antoja complicado a priori, o al menos en el corto-medio plazo. Por no hablar de las situaciones complejas que pueden producirse de la nueva situación de teletrabajo en la que se encuentra una parte de la clase trabajadora, personas en paro que se encuentran en su domicilio durante las horas punta, pensionistas y jubilados u otros colectivos.

No resolviéndose estas dos premisas, se corre el riesgo evidente de un incremento de factura de muchos consumidores domésticos, a lo que se suma que llevamos varias semanas con precios en el mercado mayorista muy elevados, con precios del gas en los mercados internacionales también muy elevados, con el precio del CO2 disparado, etc. que están provocando una “tormenta perfecta” para ahondar más en las dificultades que sufren los consumidores en beneficio de las empresas eléctricas. Por tanto, se hace necesario tomar una batería de medidas urgentes para limitar los beneficios de las compañías eléctricas y acometer los cambios en la estructura tarifaria.

Por todos los motivos expuestos, proponemos a la aprobación del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Coín

  1. Instar al Gobierno de la Nación al cumplimiento íntegro del Acuerdo de Gobierno en su apartado 3.2. punto 5 que establece: “Modificar la factura eléctrica con el objetivo de: reducir el porcentaje que representa el término de potencia; que el término variable de la componente regulada sea incremental en función de la energía consumida, de forma que el coste a pagar por las personas consumidoras por los primeros kWh sea inferior a los siguientes, incentivando la eficiencia energética” sustituyendo la actual estructura de tarifa eléctrica que entró en vigor el 1 de junio de 2021.
  2. Instar al Ministerio para la Transición Ecológica para que durante el proceso de sustitución del actual sistema tarifario por uno nuevo progresivo y no horario, solicite a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la revisión con carácter de urgencia de la Circular 3/2020 por la que se establecen la metodología de peajes de transporte y distribución creando una diferenciación estacional entre los periodos de invierno-verano y primavera-otoño. De igual modo se insta a la revisión de los tramos horarios de tal forma que se adelante el periodo valle nocturno de lunes a viernes de las 00.00h a las 22.00h.
  3. Que el ayuntamiento apoya la pronta tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley por el que se crea el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sector Eléctrico, que tiene por objeto sacar de la factura eléctrica del consumidor en el concepto de cargos, la retribución específica que reciben las tecnologías de generación de electricidad a través de tecnologías renovables, cogeneración y residuos, que será financiado por las comercializadoras de electricidad, gas natural así como los suministradores de productos petrolíferos.
  4. Que el ayuntamiento inste a la aprobación de un Real Decreto-Ley para que se minore el precio del CO2 de la retribución del mercado mayorista que reciben determinadas tecnologías no emisoras, como son la energía nuclear y la hidroeléctrica.
  5. Instar al Gobierno de la Nación a la pronta revisión del Bono Social conforme a lo establecido en el Acuerdo de Gobierno de Coalición, en su apartado 3.7 que indica lo siguiente: “Bono social, los más vulnerables nuestra prioridad de acción. Aprobaremos una reforma profunda del bono social eléctrico y creación un bono general que incluye el bono gasista. El coste del bono social eléctrico será asumido por las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica, o por las propias sociedades que así lo hagan si no forman parte de ningún grupo societario. Estos bonos tendrán el fin último de permitir que cualquier hogar pueda realizar un consumo mínimo de energía”.
  1. Solicitar al Gobierno autonómico que realice el estudio de viabilidad económica encaminado a la creación de una comercializadora pública de electricidad de ámbito autonómico, toda vez que se ha constatado en distintos municipios españoles que las comercializadoras públicas municipales son una realidad que beneficia a los vecinos consumidores de electricidad.

En Coín a miércoles, 8 de junio de 2021

Fdo.: Micaela Guzmán Bernal
Portavoz del Grupo Municipal de Adelante Coín