Micaela Guzmán Bernal como portavoz del Grupo Municipal Adelante Coín del Ayuntamiento de Coín expone a la Corporación la siguiente moción para tratar en el Pleno Ordinario de diciembre de 2021.
Exposición de motivos
El Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE en adelante) es un tratado multilateral de inversiones para el sector energético que fue ratificado por el Estado español en 1994, en un contexto en el que las necesidades energéticas eran completamente diferentes a las actuales y se priorizaban las inversiones en combustibles fósiles. A día de hoy lo integran otros 52 países de Europa y Asia central, además de la Unión Europea (UE) en su conjunto. Este tratado está teniendo un efecto inesperado en la soberanía de gran parte de los países: obstaculización de la transición energética y limitación del desarrollo de políticas sociales. Un hecho que ha motivado a cientos de organizaciones de la sociedad civil y a diversas administraciones públicas a solicitar al Gobierno de España la salida del Tratado de manera urgente.
La UE y, por tanto, España persiguen alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero en 2050, un objetivo indispensable para lograr los compromisos adoptados en 2015 bajo la firma del Acuerdo de París. El Panel Intergubernamental del Cambio Climático ha alertado, una vez más, sobre la necesidad de reducir las emisiones , que derivan principalmente de la quema de combustibles fósiles. Sin embargo, el TCE protege las inversiones realizadas en el sector de la energía, sobre todo aquellas relacionadas con los combustibles fósiles. Esto incluye las minas de carbón, los gasoductos, las refinerías o las centrales térmicas, entre otras. Sólo en Europa, la infraestructura fósil protegida por el Tratado asciende a 344.600 millones de euros.
Bajo el TCE, los inversores extranjeros pueden demandar a los Estados signatarios cuando consideran que han legislado en contra de sus intereses económicos.
Numerosos países que han implementado medidas medioambientales y sociales han sido demandados y condenados a pagar sumas millonarias a inversores extranjeros bajo el TCE. Por ejemplo, después de aprobar una ley para eliminar la producción eléctrica a partir de carbón en 2030, Países Bajos ha recibido dos demandas por parte de dos empresas alemanas. Reclaman al Estado holandés una compensación de 1.400 y 1.000 millones de euros, respectivamente, al verse sus centrales afectadas por esta regulación energética. Existen otros casos, por ejemplo Italia se enfrenta a una demanda de 350 millones de euros por denegar un permiso de exploración petrolífera a una empresa británica y Hungría y Bulgaría han sido demandadas por tratar de luchar contra la pobreza energética y reducir el precio de la electricidad.
A día de hoy hay 142 demandas. El Estado español es el país con más demandas, (50 en total) debido a los cambios legislativos en cuanto a las energías renovables entre 2008 y 2014. Con 18 demandas resueltas a favor de los inversores, España ya ha sido condenada a pagar 971 millones de euros. Pero la suma total reclamada supera los 10.000 millones de euros.
Además del impacto de esas demandas en las arcas públicas, la simple amenaza de demanda multimillonaria bajo el TCE tiene ya un efecto disuasorio en los gobiernos a la hora de llevar a cabo legislaciones importantes para la ciudadanía. Destaca el caso de Francia, que en 2017, tras recibir una amenaza de demanda bajo el TCE Francia rebajó significativamente la ambición de una Ley que pretendía prohibir la extracción de combustibles fósiles a partir de 2040.
Hace dos años se inició un proceso de negociación para modernizar el TCE y alinearlo con el Acuerdo de París. Hasta la fecha, ya se han celebrado nueve rondas de negociación que no han dado ningún resultado para poner fin a la protección de los combustibles fósiles.
Ante la ausencia de avances en el proceso de modernización del Tratado y la urgencia de desarrollar políticas públicas dirigidas a promover una transición energética justa, que priorice la protección de los intereses de la ciudadanía, las entidades locales y la sostenibilidad de nuestro planeta, es imprescindible la salida de España del Tratado de la Carta de la Energía. Esta demanda ya ha sido apoyada por más de 400 organizaciones en todo el mundo -de las cuáles 102 pertenecen al Estado español-, más de 500 integrantes de la comunidad científica y el movimiento climático, y más de un millón de personas en toda Europa. Hay municipios que ya se han posicionado a favor de la salida de España del TCE, a través de mociones.
Por todos los motivos expuestos, proponemos a la aprobación del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Coín
- El pleno del ayuntamiento inste al Gobierno de España a declarar la salida del Tratado de la Carta de la Energía.
En Coín a miércoles, 14 de diciembre de 2021
Fdo.: Micaela Guzmán Bernal
Portavoz del Grupo Municipal de Adelante Coín
Unidas Podemos por Coín 