Rechazada, con los votos en contra de PP y Ciudadanos y los votos a favor de AxSí, PSOE y Adelante Coín.

Moción para impulsar un sistema de residencias de mayores público, universal y de calidad

Micaela Guzmán Bernal como portavoz del Grupo Municipal Adelante Coín del Ayuntamiento de Coín expone a la Corporación la siguiente moción para tratar en el Pleno Ordinario de 25 de Junio de 2020.

Exposición de motivos

En los últimos años, el envejecimiento de la población española y los cambios culturales y de forma de vida de las familias han generado una fuerte expansión del sector de las residencias de mayores.

Desde muchos ámbitos se sabe desde hace tiempo que cada vez más familias no pueden cuidar a sus mayores a pesar de lo cual encuentran muchas dificultades para poder hacer frente a los gastos que requiere una residencia de calidad.

Sin embargo, ha sido en estos momentos, cuando la crisis del COVID ha hecho salir a la luz pública general las enormes carencias del modelo residencial en nuestro Estado. Este virus ha impactado gravemente sobre las residencias de mayores. La tasa de mortalidad ha sido escandalosa: han fallecido 14.000 personas ancianas en residencias, lo que supone el 67 % del total de víctimas. El virus también ha tenido efectos sobre el personal que trabaja en estos centros, constituido en un 90% por mujeres precarizadas.

En definitiva, el coronavirus ha desnudado las vergüenzas de los centros residenciales para personas mayores y ha dejado al descubierto el insostenible modelo de cuidado de personas mayores imperante en España.

Si nos comparamos con los países de nuestro entorno, constatamos que España se caracteriza por un bajo gasto público en este tipo de servicios. Según los datos del OCDE, España destina un 0,7 % del PIB al gasto en servicios sociales de atención a la dependencia, muy lejos de los niveles de otros países europeos como Francia (1,34 %), Alemania (1,28 %), Bélgica (2 %), Suecia (2,66 %). Además, tanto el nivel de cobertura, es decir, las plazas por cada 1.000 personas mayores de 65 años, como el número de personas que se dedican a estos servicios son inferiores a los de otros estados europeos.

A estas carencias de carácter estructural, se ha añadido en los últimos años un proceso de privatización del sector. El peso de las grandes empresas ha ido creciendo en detrimento de las entidades del tercer sector. Son muchas las residencias financiadas con dinero público pero gestionadas por entidades privadas, por inversores en su mayoría extranjeros, que han visto en España un gran nicho de negocio y han comprado o construido residencias.

El desarrollo más reciente del sistema de residencias se inserta en una corriente hegemónica, la llamada «colaboración público-privada», consistente en poner recursos públicos al servicio de entidades privadas que acumulan beneficios prestando estos servicios. Si nos fijamos en los datos, en 2019 hay en España 372 .985 plazas en residencias, de las 271. 696 se encuentran en centros privados (lo que supone el 72,8%) y 101.289 en públicos (27,1%). El número de plazas concertadas asciende a 87. 000 y algo más de 35.000 son gestionadas en concesión. Esto significa que hay, aproximadamente, 112 .000 plazas que financian las administraciones públicas para que el servicio lo presten otros actores.

La privatización y mercantilización de los cuidados han ido convirtiendo el modelo de residencias de cuidados de mayores en una suerte de factorías de atención no personalizadas, orientadas por la lógica mercantil y gestionadas por fondos de inversión no especializados. Esto ha hecho que trabajadoras y personas expertas señalen que las muertes en las residencias son solo la punta del iceberg de un sistema de cuidados que prioriza lo económico sobre los derechos de las personas en la última etapa de sus vidas.

Como manifestamos, esto no es algo nuevo y antes de que llegara la emergencia sanitaria ya se habían producido denuncias respecto al modelo de residencias implantado en España. Entre las principales críticas, se encuentran la desigualdad entre regiones, la falta crónica de personal -tanto en las públicas como en las privadas-, la precariedad laboral -fruto del escaso valor que se le da al trabajo de cuidados- y la escasez de recursos. La crisis del coronavirus no ha hecho más que poner sobre la mesa todos estos problemas, que se han agravado con la emergencia sanitaria, poniendo al límite los recursos humanos y materiales con que cuentan estos centros.

Así mismo, la falta de transparencia y la mala gestión de la información han aumentado el desconcierto de las familias de las personas residentes. La protección del buen nombre de las empresas no puede estar por encima de la protección de la salud pública y de los derechos de los usuarios. A la opacidad sobre los servicios prestados en las residencias se une la opacidad sobre el procedimiento de concesión utilizado.

Por todo ello, el control público, la transparencia, la rendición de cuentas de la gestión, y las inspecciones son indispensables si se quiere instaurar un modelo de cuidados de calidad, centrado en la persona.

En definitiva, se ha constatado durante esta crisis la necesidad urgente de repensar el modelo de residencias de mayores, ya que sus carencias no solo tienen que ver con las privatizaciones o con la falta de recursos económicos y humanos sino también con la inadecuación del modelo en general. A día de hoy, estos centros se encuentran muy lejos de parecerse a un hogar, a un lugar donde vivir como en casa. Por lo tanto, es el propio modelo el que tiene que ser revisado en profundidad.

Por último, merece la pena advertir que los efectos del coronavirus han provocado una re-medicalización de los centros de cuidados. Sin dejar a un lado la mejor coordinación socio-sanitaria y el derecho a la salud, no se puede caer en el error de desvirtuar el fin principal de estos centros, que es proporcionar cuidados adecuados que respeten y potencien la autonomía de las personas, manteniendo el lema de ‘vivir como en casa’ y no transformarse en pseudo-hospitales de crónicos.

Por todos los motivos expuestos, proponemos a la aprobación del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Coín

1. Instar al gobierno central y al gobierno autonómico a impulsar un sistema de residencias público, universal, de calidad y de gestión directa o en colaboración, mediante diferentes fórmulas, entendiendo que el sistema de cuidados de personas mayores debe ser un modelo de Atención Centrado en la Persona (ACP), que respete y fomente la autonomía y la dignidad de las personas y proporcione unos servicios adaptados a las necesidades individuales.
2.  Instar al gobierno central y al gobierno autonómico a que garantice una eficiente coordinación y asignación conjunta en las prestaciones entre Salud y Servicios Sociales.
3.  Instar al gobierno autonómico a que asegure la transparencia en la gestión de los servicios residenciales y reforzar los mecanismos de inspección y control necesarios.
4.  Instar al gobierno central a elaborar, en coordinación con las comunidades autónomas, un Programa de acreditación de calidad de Residencias de Mayores, que permita garantizar una atención digna a las personas mayores.
5.  Instar al gobierno central y al gobierno autonómico a revalorizar y dignificar el trabajo de cuidados, garantizando a las trabajadoras de las residencias tanto un salario adecuado y suficiente como condiciones de trabajo seguras.
6.  Instar al Ayuntamiento de Coín a colaborar con otras administraciones para garantizar en Coín un sistema de residencias público, universal y de calidad, así como reforzar el control por parte de los servicios sociales de residencias y centros de día del municipio, para detectar posibles necesidades e incumplimiento de objetivos o recursos y dar traslado a las instancias competentes.

En Coín a lunes, 15 de junio de 2020

Fdo.: Micaela Guzmán Bernal
Portavoz del Grupo Municipal Adelante Coín